Al resolver el caso mediante un decreto de consentimiento sumario, las partes evitaron los costes económicos y emocionales que conlleva un litigio
de divorcio contencioso. Esta resolución contribuyó a evitar honorarios de abogados innecesarios, una intervención judicial prolongada, retrasos y el riesgo de que un juez tomara decisiones que las partes podían resolver por sí mismas. El acuerdo también redujo la probabilidad de futuras disputas al confirmar claramente los bienes propios de cada parte, las deudas, las cuentas, los vehículos y la renuncia a la pensión alimenticia.